La demanda de despido improcedente permite a cualquier trabajador impugnar el fin de su contrato si considera que la empresa no justificó correctamente su decisión. Esta herramienta legal protege el derecho al trabajo y garantiza indemnizaciones o readmisión en caso de que el despido no cumpla con los requisitos legales.
A continuación te explico cada aspecto clave para entender cómo presentar esta demanda, qué condiciones deben cumplirse y qué consecuencias puede tener para la empresa.
Qué se considera despido improcedente
El despido se considera improcedente cuando la empresa no logra acreditar una causa válida o no cumple con el procedimiento exigido. No basta con justificar el despido con argumentos genéricos. El empleador debe probar los hechos que motivaron la decisión.
Por ejemplo, si a un trabajador se le despide alegando bajo rendimiento, la empresa debe aportar documentos, evaluaciones y avisos previos. Si no lo hace, el despido será improcedente. Lo mismo ocurre si se incumple el plazo de preaviso o se omite la carta de despido.
También se considera improcedente si el despido es en realidad una represalia. Ocurre, por ejemplo, cuando un trabajador reclama sus derechos, como pedir una reducción de jornada o denunciar acoso.
Cómo iniciar una demanda de despido improcedente
Antes de acudir al juzgado, debes presentar una papeleta de conciliación ante el servicio de mediación laboral de tu comunidad autónoma. Es un trámite obligatorio. Si no lo haces, el juzgado no admitirá tu demanda.
Esta papeleta debe incluir los datos del trabajador y de la empresa, la fecha del despido, y una descripción clara de los hechos. No hace falta usar lenguaje técnico. Lo importante es dejar claro por qué se considera que el despido no fue justo.
Si la empresa no acude a la conciliación o no se llega a acuerdo, puedes interponer la demanda judicial. El plazo para hacerlo es muy corto: 20 días hábiles desde la fecha del despido. No cuentan sábados, domingos ni festivos.
Qué debe incluir la demanda judicial
La demanda debe contener los siguientes datos:
- Identificación del trabajador y del empresario.
- Fecha en que se produjo el despido.
- Copia de la carta de despido.
- Explicación de los motivos por los que se considera improcedente.
- Solicitud de readmisión o de indemnización.
Además, hay que acompañarla con documentación relevante. Nóminas, contrato de trabajo, correos, testigos o cualquier prueba que sirva para demostrar los hechos.
Cuáles son los efectos de la sentencia
Si el juez declara el despido como improcedente, la empresa debe elegir entre dos opciones:
- Readmitir al trabajador en su mismo puesto, con pago de los salarios dejados de percibir desde el despido.
- Indemnizar al trabajador con la cuantía legal correspondiente.
En el caso de trabajadores con contrato indefinido, la indemnización se calcula con 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades. Para contratos anteriores a 2012, se aplican también 45 días por año por el tiempo previo a esa fecha.
La empresa tiene cinco días desde la notificación de la sentencia para comunicar su decisión. Si no lo hace, se entiende que opta por la readmisión.
Qué ocurre si el despido afecta a representantes legales
Cuando se despide a un representante de los trabajadores, el trabajador puede elegir siempre la readmisión, incluso si la empresa prefiere indemnizar. Esta protección especial busca evitar despidos represivos.
Además, en estos casos se necesita la autorización previa de la autoridad laboral si hay expediente disciplinario.
Costes del procedimiento y abogado
No es obligatorio acudir con abogado, pero sí muy recomendable. Un profesional puede redactar correctamente la papeleta, preparar la demanda y defenderte en juicio. Además, puede ayudarte a negociar una mejor indemnización antes del juicio.
En la mayoría de los casos, los trabajadores tienen derecho a justicia gratuita, si acreditan que sus ingresos no superan determinados límites. También puedes acudir a un sindicato o a los servicios jurídicos del colegio profesional correspondiente.
¿Cuánto puede tardar todo el proceso?
Depende de la carga de trabajo del juzgado, pero suele tardar entre 6 y 12 meses. Si hay acuerdo en la conciliación, el conflicto se resuelve en pocos días. Por eso muchos trabajadores optan por negociar antes de llegar a juicio.
Durante ese tiempo, el trabajador puede solicitar el paro si tiene derecho, aunque después de la sentencia de readmisión deberá devolverlo si vuelve a su puesto.
Diferencia con el despido nulo o procedente
No confundas el despido improcedente con el nulo. El despido nulo ocurre si vulnera derechos fundamentales, por ejemplo, por embarazo, maternidad o represalias sindicales. En ese caso, la empresa debe readmitir sí o sí.
Por el contrario, el despido procedente sí está bien justificado. Se considera válido cuando la empresa prueba una falta grave, como ausencias injustificadas, insultos, robos o bajo rendimiento reiterado con pruebas.
Preguntas frecuentes sobre la demanda de despido improcedente
¿Qué documentos necesito para presentar una demanda de despido improcedente?
Para iniciar una demanda de despido improcedente necesitas varios documentos clave. El más importante es la carta de despido entregada por la empresa, ya que contiene las razones que la empresa alega para justificar el despido. Además, debes aportar el contrato de trabajo, las últimas nóminas, el informe de vida laboral actualizado y cualquier comunicación relevante (correos, mensajes, notificaciones internas). También puede ser útil un certificado de empresa y pruebas que respalden tu versión, como testigos o grabaciones. Cuantos más elementos acrediten que el despido no se ajusta a Derecho, mayores serán tus posibilidades de éxito.
¿Puedo presentar una demanda de despido improcedente si he firmado un finiquito?
Sí, puedes presentar una demanda de despido improcedente aunque hayas firmado el finiquito. La firma no implica que renuncies automáticamente a tus derechos, salvo que en el documento conste de forma expresa que aceptas el despido y que no tienes nada más que reclamar. Incluso en esos casos, si puedes demostrar que firmaste bajo presión o sin información suficiente, podrías impugnarlo. Es muy común firmar el finiquito «no conforme» o hacerlo para poder cobrar ciertas cantidades pendientes, sin que eso impida iniciar el proceso judicial.
¿Qué pasa si la empresa no comparece en el acto de conciliación por demanda de despido improcedente?
Si la empresa no acude al acto de conciliación tras la presentación de una demanda de despido improcedente, el proceso judicial continúa sin esa fase de intento de acuerdo. En ese caso, el trabajador recibe un acta de conciliación sin avenencia por incomparecencia empresarial. Este documento permite presentar directamente la demanda ante el juzgado de lo social. Aunque la empresa no acuda, puede luego defenderse en juicio, pero su ausencia en la conciliación suele jugar en su contra, ya que demuestra falta de interés en resolver el conflicto de forma amistosa.
¿Cuánto tiempo suele tardar en resolverse una demanda de despido improcedente?
El tiempo varía según la carga de trabajo del juzgado. En general, desde que se presenta la demanda de despido improcedente hasta que se dicta sentencia pueden pasar entre 6 y 12 meses. Si ambas partes llegan a un acuerdo en la conciliación previa, todo puede resolverse en menos de dos meses. En cambio, si el asunto llega a juicio y después se recurre la sentencia, el procedimiento puede alargarse hasta los 18 o incluso 24 meses. También influye si hay pruebas complejas, como periciales o testigos difíciles de localizar.
¿Qué ley regula la demanda de despido improcedente en España?
La regulación principal se encuentra en el Estatuto de los Trabajadores, concretamente en los artículos 55 y 56. Esta norma establece qué se considera despido improcedente, cómo debe tramitarse una demanda de despido improcedente y cuáles son las consecuencias para la empresa. Además, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (Ley 36/2011) marca el procedimiento procesal a seguir ante los juzgados de lo social. Estos textos legales se aplican en todo el territorio español, aunque algunas comunidades autónomas pueden contar con órganos propios para la conciliación previa, como el CMAC en Cataluña o el SMAC en Madrid.
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